JURISPRUDENCIA Y LEGISLACION 18 de marzo de 2021

Jurisprudencia y Legislación 18 de marzo de 2021 Patrocinado por Legal Pigeon

LEGISLACION

Real Decreto 135/2021, de 2 de marzo, por  el que se aprueba el Estatuto General de la Abogacía Española

TRIBUNAL SUPREMO.

CIVIL

STS 877/2021 10/03/2021

 Costas en litigios sobre cláusulas abusivas en contrato con consumidores. Allanamiento de la entidad financiera. No imposición de las costas. No es apto para evitar el litigio un requerimiento masivo, por estar referido a una pluralidad de relaciones jurídicas mantenidas con personas distintas, que no deja un plazo razonable al requerido para atender a la pretensión de los requirentes.

STS 884/2021 9/03/2021

 La cesión de la propia imagen de una modelo, que autorizó expresamente la publicación del reportaje fotográfico de su imagen, que no pueden ser acogidos en un procedimiento sobre la protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, porque estos valores no pueden ser mercantilizados, sin que ello signifique que se prive de protección jurídica a la actora, pues si la misma está convencida del incumplimiento contractual por parte de la empresa editorial, supuesto sobre el que no entramos, tiene el camino abierto para reclamarlo en procedimiento ordinario».

STS 883/2021 09/03/2021

Constituye una exigencia mínima de la formulación de los motivos de casación, como hemos recordado recientemente en el acuerdo sobre los criterios de admisión de los recursos de casación, que se identifique con claridad la norma infringida. No hacerlo así,  además de que impide pueda cumplirse la finalidad del recurso, confunde la casación con una nueva revisión del caso como si de una tercera instancia se tratara.

Ciertamente, la norma cuya infracción se denuncie en el encabezamiento del motivo puede consistir en un principio general del Derecho. Pero solo es admisible que en el encabezamiento del motivo se cite exclusivamente como infringido un principio general del Derecho cuando no existe un precepto legal que lo recoja de forma clara y precisa, en cuyo caso lo procedente será citar la jurisprudencia que lo reconozca como tal principio general del Derecho (como ocurre, por ejemplo, con el principio general que veda el enriquecimiento sin causa). Cuando la norma jurídica infringida viene enunciada en un precepto legal, es necesario que se cite este precepto y la cita de la jurisprudencia infringida solo sirve para justificar el interés casacional en el caso de que el acceso al recurso se haga por la vía del art. 477.2.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. más de que impide pueda cumplirse la finalidad del recurso, confunde la casación con una nueva revisión del caso como si de una tercera instancia se tratara».

PENAL.

STS 902/2021 03/03/2021

Cuando se denuncia la vulneración del derecho a la presunción de inocencia ha de verificarse si la prueba de cargo en base a la cual el tribunal sentenciador dictó sentencia condenatoria fue obtenida con respeto a las garantías inherentes del proceso debido, y por tanto:

– En primer lugar debe analizar el «juicio sobre la prueba», es decir, si existió prueba de cargo, entendiendo por tal aquélla que haya sido obtenida, con respeto al canon de legalidad constitucional exigible, y que además, haya sido introducida en el plenario de acuerdo con el canon de legalidad ordinaria y sometida a los principios que rigen de contradicción, inmediación, publicidad e igualdad. –

En segundo lugar, se ha de verificar «el juicio sobre la suficiencia», es decir, si constatada la existencia de prueba de cargo, ésta es de tal consistencia que tiene virtualidad de provocar el decaimiento de la presunción de inocencia.

– En tercer lugar, debemos verificar «el juicio sobre la motivación y su razonabilidad», es decir, si el Tribunal cumplió con el deber de motivación, o sea, si explicitó los razonamientos para justificar el efectivo decaimiento de la presunción de inocencia.

STS 903/2021 25/02/2021

Se cuestiona la imparcialidad del tribunal no porque tuviera algún tipo de relación con las partes ni tampoco porque concurriera alguna de las causas de abstención o recusación previstas en las leyes.

La sospecha de parcialidad se produce por la forma en que el Presidente del tribunal dirigió el juicio. Una vez que dos testigos de la acusación habían sido interrogadas, el Presidente suspendió el interrogatorio e instó a las partes a llegar a una conformidad e incluso durante varios minutos se prolongaron las conversaciones entre la defensa y el Ministerio Público, tal y como hemos podido comprobar por el visionado 5JURISPRUDENCIA de la grabación del juicio. La defensa considera que con esa iniciativa del tribunal se produjo un claro prejuicio de culpabilidad contra el acusado.

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO,

STS 849/2021 11/03/2021)

Si una Administración, para el ejercicio de las funciones que le son propias, solicita de la AEAT la cesión de datos tributarios, tal cesión será con fines tributarios; ahora bien, si es para el ejercicio de otras potestades ajenas a las tributarias y no hay una norma legal que lo prevea, deberá contar con la previa autorización del interesado. Por tanto el acto dictado con base en unos datos tributarios cedidos será conforme a Derecho si la cesión respeta las reglas del artículo 95.1 de la LGT.

STS 893/2021 04/03/2021

En caso de incumplimiento del compromiso de reinversión de la ganancia patrimonial obtenida en la transmisión de vivienda habitual, el plazo de prescripción del ejercicio de la acción de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación, se inicia el día siguiente a aquel en que termina el plazo reglamentario para presentar la autoliquidación del ejercicio en el que se consumó el incumplimiento, que es de dos años a contar desde la fecha de la transmisión de la vivienda habitual en que se obtuvo la ganancia patrimonial

STS 868/2021 de 09-03-2021

Los documentos decisivos («recobrados» u «obtenidos») deben ser preexistentes, esto es, necesariamente anteriores a la sentencia que pretende revisarse, ya que lo que posibilita la revisión es que su contenido pudiera haber influido en la decisión misma, lo que solo es posible en el caso de haberse podido aportar (de no haberlo impedirlo la fuerza mayor o la obra de la parte contraria) al proceso en que la misma se dictó ( STS de 18 de mayo de 2020, rec. 26/2019, entre otras muchas en similar sentido).

SOCIAL

STS 871/2021 de 03-03-2021

La extinción válida del contrato de interinidad por vacante no da derecho a la indemnización por extinción del contrato por causas objetivas del artículo 53.1 b) ET, de conformidad con reiterada doctrina de la Sala.

STS 849/2021 de 03-03-2021

 En el supuesto que se contempla el artículo 10.2 del RD 1971/1999 de 23 de Diciembre -en la redacción dada por el Real Decreto 1856/2009, de 4 de diciembre- dispone que » El reconocimiento de grado de discapacidad se entenderá producido desde la fecha de solicitud». La literalidad del precepto es meridiana y su legalidad no pueda admitir duda alguna, incluso si se pone en conexión con lo preceptuado por el artículo 57.3 de la Ley 30/1992. la simple preexistencia de determinadas enfermedades o lesiones no permite afirmar la existencia de un grado concreto de discapacidad pues para ello es necesario la determinación objetiva de la misma con arreglo a un procedimiento que permite como máximo la retroacción del reconocimiento de sus efectos a la fecha de la solicitud

SALA ESPECIAL DE CONFLICTOS.

STS 668/2021 de 16-02-2021

 ALLANAMIENTO DE INSTALACIONES MILITARES. La conducta tipificada en el artículo 29 del CPM es delito militar, aunque sea realizado por un civil. Si hay conexidad delictiva corresponderá el conocimiento a la jurisdicción cuyo delito esté castigado con penas más graves

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