Vulnerables y Perjuicio para Propietarios

Ha salido publicada en el BOE esta semana la prórroga de la suspensión de lanzamientos y desahucios para personas en situación de vulnerabilidad hasta 2028 ha sido una medida vital para proteger a quienes más lo necesitan. Sin embargo, esta decisión no está exenta de controversia y ha generado un impacto significativo en los arrendadores particulares, quienes también enfrentan serios desafíos económicos.

Contexto y Justificación

La pandemia de COVID-19 agravó la crisis económica global, afectando gravemente a muchas familias en España. Ante el aumento del desempleo y la reducción de ingresos, el Gobierno implementó una suspensión de lanzamientos y desahucios para personas en situación de vulnerabilidad como medida de emergencia. Inicialmente temporal, esta suspensión ha sido prorrogada hasta 2028 para continuar proporcionando un respiro a las personas más afectadas por la crisis.

Esta política ha sido crucial para evitar que las familias vulnerables se vean en la calle, otorgándoles tiempo adicional para encontrar soluciones habitacionales más estables. Entre los beneficiarios se encuentran familias numerosas, hogares monoparentales, personas con discapacidad, y víctimas de violencia de género, entre otros.

El Perjuicio para los Arrendadores

Sin embargo, esta medida, aunque necesaria desde una perspectiva humanitaria, ha generado serios inconvenientes para los arrendadores, especialmente aquellos que son personas físicas. Muchos propietarios dependen de los ingresos por alquiler para complementar sus ingresos y mantener su estabilidad financiera. La imposibilidad de disponer de sus propiedades o de recibir el pago del alquiler ha dejado a muchos en situaciones económicas precarias.

Estos arrendadores enfrentan la paradoja de tener una propiedad que no pueden utilizar ni rentabilizar. Para ellos, la prórroga de la suspensión de desahucios supone:

  • Pérdida de ingresos: Los propietarios no pueden contar con el alquiler para cubrir sus propios gastos, lo que agrava su situación económica.
  • Costes adicionales: A menudo deben seguir pagando impuestos y tasas sobre propiedades que no generan ingresos.
  • Deterioro de las propiedades: Sin un mantenimiento adecuado, las viviendas pueden sufrir daños que luego resultan costosos de reparar.

Un Balance Necesario

El desafío radica en encontrar un equilibrio que proteja tanto a los arrendatarios vulnerables como a los arrendadores. La suspensión de desahucios es una solución temporal, aunque se está convirtiendo en definitiva y paliativa que debe ser complementada con políticas de apoyo más amplias. Es fundamental que el Gobierno también considere medidas que alivien la carga de los arrendadores, tales como:

  • Incentivos fiscales: Reducción de impuestos o créditos fiscales para los propietarios afectados.
  • Fondos de compensación: Establecimiento de fondos que compensen a los arrendadores por los ingresos perdidos.
  • Fomento del alquiler social: Promover el alquiler de viviendas vacías a precios asequibles con garantías para los propietarios.

Conclusión

La prórroga de la suspensión de lanzamientos y desahucios hasta 2028 es una medida necesaria para proteger a las personas en situación de vulnerabilidad en España. Sin embargo, es crucial reconocer y abordar el perjuicio que esta situación supone para los arrendadores particulares. Un enfoque equilibrado que combine la protección de los inquilinos vulnerables con el apoyo a los propietarios puede contribuir a una solución más justa y sostenible para todos los afectados por la crisis de vivienda en nuestro país. ¿Cuando nos están diciendo que la estamos en indicadores económicos en medidas prepandemia, sigue siendo necesarias estas medidas? ¿Nos están diciendo toda la verdad?

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