El Real Decreto-ley 8/2026, de 20 de marzo, introdujo dos medidas extraordinarias en materia de arrendamientos urbanos: una prórroga obligatoria de hasta dos años a solicitud del arrendatario y un límite del 2% en la actualización anual de la renta. Su recorrido fue breve. El 28 de abril de 2026, el Pleno del Congreso de los Diputados rechazó su convalidación por 177 votos en contra frente a 166 a favor. El acuerdo se publicó en el BOE de 30 de abril de 2026, fecha en la que la norma quedó derogada.
Desde entonces se ha extendido entre arrendatarios la idea de que basta con haber presentado una solicitud durante el breve periodo de vigencia para consolidar la prórroga extraordinaria del alquiler durante dos años, con independencia de cuándo venza realmente el contrato. A mi juicio, esa interpretación no se sostiene, ni desde el artículo 86 de la Constitución, ni desde la lógica del propio Real Decreto-ley, ni desde la regulación general de la Ley de Arrendamientos Urbanos.
La naturaleza provisional del Real Decreto-ley
El artículo 86 de la Constitución Española permite al Gobierno dictar disposiciones legislativas provisionales en caso de extraordinaria y urgente necesidad. La palabra clave es provisionales. La continuidad del decreto-ley depende de su convalidación por el Congreso en el plazo de treinta días. Si el Congreso no convalida, la norma decae.
Esto no es un detalle técnico. Es la base del sistema. Quien actúa al amparo de un decreto-ley sabe, o debe saber, que su eficacia está sometida a una condición resolutoria de naturaleza parlamentaria. La expectativa que genera no es la de una ley aprobada por las Cortes, sino la de una norma provisional pendiente de refrendo.
Por eso, la falta de convalidación no es un accidente que puedan ignorar las partes. Es una consecuencia jurídica prevista por la propia Constitución y conocida por todos desde el momento en que el decreto-ley entra en vigor.
Qué efectos sobreviven a la no convalidación
Conviene distinguir con claridad. La no convalidación no produce efectos retroactivos sobre situaciones ya consumadas durante la vigencia provisional de la norma. Lo que se ejecutó, se ejecutó. Ahora bien, una cosa es respetar lo agotado y otra muy distinta proyectar hacia el futuro los efectos de una norma que las Cortes han rechazado.
A mi entender, hay que diferenciar tres situaciones:
Contratos cuyo vencimiento se produjo durante la vigencia del Real Decreto-ley (entre el 22 de marzo y el 30 de abril de 2026), respecto de los cuales el arrendatario solicitó en plazo la prórroga extraordinaria. En estos supuestos la prórroga llegó a desplegar plenamente sus efectos mientras la norma estaba viva. Difícilmente puede sostenerse hoy una posición contraria del arrendador.
Contratos cuyo vencimiento se produce después del 30 de abril de 2026, aunque el arrendatario hubiera presentado solicitud durante la vigencia del decreto-ley. Este es el supuesto realmente discutido y, en mi opinión, el que se está resolviendo en favor del arrendatario sin la suficiente base jurídica, tengo alguna duda si se produce la solicitud en el plazo de cuatro meses.
Contratos cuyo vencimiento es muy posterior —pongamos diciembre de 2026 o 2027— en los que el arrendatario se limitó a remitir un escrito anticipado durante la vigencia del decreto-ley. Aquí la pretensión del inquilino es, a mi entender, la más débil de todas.
Por qué la solicitud anticipada no consolida la prórroga frente a vencimientos futuros
La cuestión clave no es si el arrendatario presentó un escrito durante la vigencia del Real Decreto-ley. La cuestión es si, durante esa vigencia, llegó realmente a producirse el supuesto de hecho que la norma protegía: la terminación del contrato y la activación del derecho a prorrogarlo.
Los artículos 9 y 10 de la LAU vinculan la prórroga al vencimiento efectivo del contrato. No regulan un derecho abstracto que pueda activarse en cualquier momento como si fuera una reserva anticipada. El Real Decreto-ley 8/2026 se insertaba precisamente sobre esa lógica: prorrogar contratos que estuvieran finalizando durante el periodo en que la norma estuviera vigente.
Permitir lo contrario llevaría a un resultado que no resiste el análisis constitucional: una norma rechazada por el Congreso desplegaría efectos durante años sobre miles de relaciones jurídicas, condicionando la libre disposición de la propiedad mucho después de que las Cortes hayan dicho expresamente que no. Aunque con un Tribunal Constitucional que actualmente justifica cualquier acción del gobierno cualquiera sabe lo que va a dictar. Es un serio problema que tenemos.
Llevado al extremo, ¿podría un Gobierno dictar cualquier regulación legal y, aunque el Parlamento la rechazase, mantener sus efectos hacia el futuro por el mero hecho de que durante unas semanas estuvo en vigor? La respuesta tiene que ser negativa. La soberanía nacional reside en las Cortes, no en una eficacia diferida que sortee la voluntad parlamentaria.
La seguridad jurídica también protege al arrendador
Se ha invocado el principio de seguridad jurídica para defender que la prórroga debe mantenerse pese al rechazo del Congreso. Es un argumento que merece respuesta.
En primer lugar, la seguridad jurídica no protege expectativas creadas al amparo de una norma cuya provisionalidad era conocida. El arrendatario que confió en una prórroga de dos años basándose en un decreto-ley sin convalidar asumió, lo supiera o no, el riesgo propio de toda norma provisional.
En segundo lugar, la seguridad jurídica también protege al arrendador. Hay propietarios que habían planificado la recuperación de la vivienda, una venta, la entrega a un familiar o una nueva operación de arrendamiento conforme al marco anterior. La irrupción del decreto-ley alteró esas previsiones de manera intensa. Sostener que esa alteración debe mantenerse durante dos años después del rechazo parlamentario significa duplicar el daño: primero por la norma exprés, luego por su supervivencia más allá de su muerte política.
En tercer lugar, la seguridad jurídica exige reglas estables. Y una regla estable es que las normas provisionales rechazadas por el Congreso no producen efectos hacia el futuro. Lo contrario sería la inseguridad elevada a sistema.
Régimen aplicable a partir del 30 de abril de 2026
Tras la publicación en el BOE del acuerdo de no convalidación, los contratos de arrendamiento de vivienda habitual vuelven a regirse exclusivamente por la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, y, en su caso, por la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, en zonas declaradas como Mercado Residencial Tensionado.
Esto significa, en lo esencial:
Vuelve a aplicarse el régimen de prórrogas del artículo 9 LAU. Plazo mínimo de cinco años para arrendador persona física y siete para persona jurídica. Prórroga tácita del artículo 10 LAU en sus términos ordinarios, sin la extensión extraordinaria de dos años.
Desaparece el límite del 2%. La actualización anual de la renta vuelve a regirse por lo pactado en el contrato y, en defecto de pacto, por el Índice de Referencia de Arrendamiento de Vivienda (IRAV) para los contratos posteriores a mayo de 2023, y por el IPC para los anteriores.
Recuperan plena eficacia los preavisos del artículo 10.1 LAU. El arrendador que desee oponerse a la prórroga tácita debe comunicarlo con cuatro meses de antelación al vencimiento. El arrendatario, con dos meses.
Qué debe hacer el arrendador en cada caso
A mi entender, conviene actuar con precisión técnica y comunicar por escrito y con acuse de recibo. El momento de la comunicación, en arrendamientos urbanos, importa tanto como su contenido.
Si el contrato venció durante la vigencia del Real Decreto-ley y el arrendatario solicitó la prórroga en plazo, conviene analizar con detenimiento si esa prórroga llegó a consolidarse. En la mayoría de los casos, sí.
Si el contrato vence después del 30 de abril de 2026 y el arrendatario presentó una solicitud anticipada durante la vigencia del decreto-ley, la posición del arrendador es sólida para oponerse a la prórroga, siempre que se respeten los preavisos del artículo 10.1 LAU. Conviene comunicar formalmente la voluntad de no prorrogar con cuatro meses de antelación, dejando constancia documental. Pero hay que analizarlo bien
Si el contrato vence en fecha lejana y se ha recibido un escrito genérico del arrendatario invocando el RDL 8/2026, ese escrito carece, a mi juicio, de eficacia jurídica para imponer una prórroga de dos años. La derogación de la norma ha vaciado de contenido esa pretensión. Se podrá instar el desahucio si el inquilino no se va
Conclusión
La caída del Real Decreto-ley 8/2026 ha generado un escenario de incertidumbre que algunos están aprovechando para sostener interpretaciones que la propia Constitución no ampara. A mi juicio, la prórroga extraordinaria del alquiler solo conserva eficacia respecto de los contratos que vencieron efectivamente durante la breve vigencia de la norma. Proyectar sus efectos sobre vencimientos posteriores es, sencillamente, pedirle a una norma rechazada por el Congreso que siga gobernando relaciones jurídicas durante años.
El arrendador no tiene por qué aceptar esa pretensión. Tiene a su favor la literalidad del artículo 86 de la Constitución, la lógica del régimen ordinario de la LAU y el sentido común del principio de seguridad jurídica entendido en sus dos direcciones.
Eso sí, conviene actuar con orden: revisar contrato a contrato, comprobar fechas exactas de vencimiento, verificar si hubo solicitud y en qué momento, y comunicar la voluntad del arrendador con los preavisos legales y con prueba documental. En esta materia, una notificación a tiempo y bien construida puede ahorrar un pleito.
¿Tienes dudas sobre cómo afecta la no convalidación del Real Decreto-ley 8/2026 a tu contrato de arrendamiento? Llámanos o escríbenos y juntos analizaremos tu caso. Puedes consultar en nuestros despachos de Colmenar Viejo, Alcobendas, Tres Cantos, Collado Villalba y Madrid.