Hoy celebramos varios de mis clientes esán de enhorabuena, esta semana, de momento hay un punto de inflexión necesario para la seguridad jurídica en España. Tras años de incertidumbre, la falta de una nueva prórroga en la suspensión de los lanzamientos en los desahucios marca el fin de la denominada «inquiocupación».
Para muchos pequeños ahorradores y familias que dependen de su renta mensual, este cambio legislativo no es solo una noticia jurídica; es el fin de un secuestro económico de sus propiedades. Al menos de momento.
¿Por qué ha terminado la suspensión de lanzamientos?
El alivio llega tras no haber salido adelante la última reforma del Gobierno (la conocida Ley Ómnibus), lo que ha impedido que se extienda más allá del 31 de diciembre de 2025 la medida excepcional que impedía los desahucios.
Como abogado y mediador, he visto de cerca el drama de propietarios que, siendo el verdadero «escudo social» del país, tenían que asumir:
- El impago sistemático de rentas.
- El coste de suministros y mantenimiento.
- El pago de impuestos (IBI, tasas) de una vivienda que no podían usar.
Legislación vigente y Jurisprudencia actualizada
Con la normativa actual, el cauce procesal recupera la normalidad marcada por la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC). Ya no existe el paraguas de excepcionalidad del art. 1 del RD-ley 11/2020 que permitía suspensiones casi infinitas.
La doctrina de los últimos años
La justicia ya venía avisando de que esta situación no podía ser eterna. La jurisprudencia reciente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (2024-2025) ha empezado a abrir la puerta a que los propietarios reclamen la Responsabilidad Patrimonial del Estado.
Clave Jurídica: Si el Estado decide que una familia vulnerable debe quedarse en una vivienda privada, es el Estado quien debe pagar la factura, no el propietario. Así lo han reforzado sentencias recientes que limitan la carga que el ciudadano debe soportar por la inacción de la administración pública.
El fin de la indefensión para el pequeño propietario
Este cambio supone que:
- Se reactivan las fechas de lanzamiento que estaban en «limbo» jurídico.
- Desaparece el concepto de «vulnerabilidad» como bloqueo automático sin alternativa habitacional inmediata por parte de la Administración.
- Aumenta la oferta de alquiler, al reducirse el miedo al impago y a la ocupación legalizada.
Conclusión: Un paso hacia la justicia
La vivienda es un derecho, pero su función social no puede implicar la expropiación de facto de las rentas de un ciudadano. Hoy celebramos que el ahorro de toda una vida vuelve a estar protegido por la Ley.
